Resumen: El Juzgado de instancia desestima la demanda de un trabajador frente a su empleadora en reclamación sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral en materia de adaptación de jornada y teletrabajo. La Sala analiza el recurso de suplicación del trabajador demandante que, en sede jurídica, denuncia la infracción de los arts. 34.8 y 59.2 ET y 14 y 38 CE. La Sala razona: a) que la mención al art. 59.2 ET no tiene relación alguna con el litigio y que la mención al art. 38 CE ha de entenderse hecha al art. 39; b) recuerda el tenor del art. 34.8 ET y el art. 5.1 Ley 10/2021 de trabajo a distancia; c) recuerda que se trata de un derecho laboral reforzado por su dimensión constitucional, que debe ser analizado en cada caso con la máxima cautela, ponderando el conjunto de circunstancias concurrentes con la finalidad de hacer compatible el disfrute de dicho derecho subjetivo del trabajador con los intereses propios de su empleadora para llevar a cabo su actividad productiva sin provocar alteraciones desproporcionadas o inasumibles, debiendo en todo caso la empresa justificar su negativa o limitación; c) que, en el caso, nada prevé el Convenio respecto al modo de hacer efectivo este derecho a la adaptación de jornada ni consta acuerdo entre las partes para trabajo a distancia, y que la reversión del teletrabajo a trabajo presencial no fue caprichosa ni carente de justificación, sino motivada por la exigencia de la empresa cliente. Se deestima el recurso..
Resumen: Doble nacionalidad española y argentina del reclamado. Para aplicar la causa facultativa de denegación por nacionalidad española debe atenderse a factores tales como la gravedad del delito, la vinculación o arraigo del reclamado con el Estado requirente y con el requerido y la posibilidad de enjuiciamiento efectivo en España o atendiendo a razones de proporcionalidad entre la entrega y su finalidad o la desproporción existente entre el régimen punitivo del país requirente y del requerido. Conforme al Tratado, la extradición no puede ser denegada por la nacionalidad española del reclamado, pues nuestra Constitución no contiene ninguna prohibición de entrega en extradición de los españoles. Alegación genérica de que el reclamado no va a tener un juicio justo.
